NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA Y SUS INTERESES....

ABOGUEMOS POR   UNA LEY  DE MORATORIA AL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA.   



Definicion : Moratoria, aplazamiento del pago de una deuda vencida. Es un estado de vencimiento del plazo original pactado de un acuerdo

A partir de los años 1980, los gobiernos del Norte, después de los del Sur, están recurriendo a la excusa de la deuda para imponer políticas de austeridad presupuestaria, cuya similitud con los planes de ajuste estructural (PAS) impulsados por el FMI y el Banco Mundial es muy grande. Naturalmente, no nos oponemos a unas medidas de austeridad aplicadas a los detentadores de capitales, a los especuladores, a las grandes ganancias, que tiendan a garantizar la justicia social y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población. En ese sentido, la austeridad deseada implica, por ejemplo, la drástica reducción del gasto en armamento, la supresión de las ventajas fiscales que benefician a los más acaudalados, una lucha enérgica contra el gran fraude fiscal, la supresión de las subvenciones y demás ventajas financieras a los exportadores, etc. Pues bien, actualmente las políticas de rigor puestas en marcha golpean sólo a las clases populares, recortando con brío el gasto público en sectores tan esenciales como la sanidad y la educación, cuando habría que aumentarlo, financiándolo con un aumento del impuesto a los altos ingresos, a los beneficios de la sociedades y a los grandes patrimonios. Romper el círculo vicioso de la deuda se muestra así como una necesidad política, económica y social. El derecho internacional público |1| ofrece a los gobiernos que muestren la voluntad de hacerlo sólidos argumentos para liberarse de la trampa de la deuda y de las políticas antisociales de inspiración neoliberal, que llamaremos de «rigor» o «austeridad

Algunos fundamentos jurídicos para suspender el pago de deudas públicas

¿Qué textos jurídicos se puede invocar?

Las diferentes convenciones internacionales antes citadas proporcionan a los Estados instrumentos jurídicos para suspender el reembolso de la deuda y para aplicar políticas de desarrollo autónomas que tiendan a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Con una intención de síntesis, vamos a esbozar algunas disposiciones jurídicas contenidas en los textos antes citados que pueden fundamentar la suspensión unilateral del pago de la deuda (que, dado el caso, puede llegar hasta la anulación de ladeuda) y el rechazo de las condicionalidades impuestas por los acreedores.


a) Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas

Este artículo precisa: «En caso de conflicto entre las obligaciones de los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones en virtud de todo otro acuerdo internacional, prevalecerán las primeras.» Esta disposición, que plantea con claridad la supremacía de la Carta sobre cualquier otro compromiso, justifica a la vez una moratoria de la deuda pública (con congelación de los intereses), la no aplicación de los programas de austeridad e incluso simplemente la nulidad de las deudas y de los acuerdos que contravengan los principios enunciados en la Carta, como el objetivo del mejoramiento del nivel vida de la población. En efecto, teniendo las disposiciones de la Carta un valor legislativo de orden público, todo lo que las contradiga se debe considerar como no escrito. |11| En consecuencia, las medidas antisociales impuestas por los acreedores, que hipotecan la soberanía de los Estados, tendrían que estar viciadas de nulidad.

b) Artículo 1 de los dos Pactos Internacionales de 1966 sobre los derechos humanos

Según el artículo 1, común a ambos Pactos: «Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, determinan libremente su estatuto político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para alcanzar sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, fundada en el principio del interés mutuo, y del derecho internacional. En ningún caso, un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia.»

Es evidente que los planes de ajuste estructural, rebautizados por el FMI y el Banco Mundial a finales de los años 90 como «Documentos» o «Marcos estratégicos de crecimiento y de reducción de la pobreza», violan el artículo 1 común a los dos Pactos de 1966. Como señalara en el año 2009 Cephas Lumina, experto independiente de la ONU sobre la deudaexterna de los PED, en el Sur los parlamentos nacionales no son consultados, en la mayoría de los casos, y la adopción final de estos documentos está siempre condicionado por el acuerdo final de las IFI (Instituciones Financieras Internacionales).

En Europa, igualmente, los diktats de los mercados financieros, de la Comisión Europea y del FMI niegan el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.

c) El artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948

En este artículo, la DUDH afirma que «toda persona tiene derecho a que reine, en el plano social y en el plano internacional, un orden tal que los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración puedan tener en el mismo pleno efecto». Esto supone la eliminación de sistemas y estructuras injustas como condición de la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. |12|

Esta afirmación está igualmente presente en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, aprobada el 4 de noviembre de 1986 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El artículo 3 de esta Declaración precisa que: «Los Estados tienen el deber de cooperar unos con otros para asegurar el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo». Como ya hemos visto antes, con los ejemplos de violaciones de los DESC en el Sur y en el Norte, la aplicación de las condicionalidades impuestas por los acreedores constituye un obstáculo para el respeto de los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, los Estados tienen que rechazarlas. Así mismo tienen interés en suspender el pago de la deuda, que acapara unos recursos vitales para el desarrollo de los pueblos. A título de ejemplo, el desembolso del servicio de la deuda se lleva el 35 % del presupuesto del Estado jamaicano, o sea, tres veces más que el gasto en sanidad y educación acumulados. En Francia, el servicio de la deuda representa tres veces el presupuesto de la educación escolar y ocho veces el presupuesto de la justicia.

d) Artículo 2 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo (1986)

Según el artículo 2 apartado 3: «Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional apropiadas que tengan como fin la mejora constante del bienestar del conjunto de la población y de todos los individuo sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la distribución equitativa de los beneficios resultantes de éste.» Siendo incompatible con los planes de austeridad de inspiración neoliberal, esta obligación impone a los Estados poner fin a las condicionalidades impuestas por el FMI, el Banco Mundial o la Comisión Europea.

e) La fuerza mayor: ante la imposibilidad, nadie está obligado

Los tres conceptos siguientes (fuerza mayor, estado de necesidad y cambio fundamental de las circunstancias) están inscriptas en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, así como en numerosas legislaciones nacionales, principalmente en materias de contratos. Estas normas jurídicas forman parte también del derecho consuetudinario internacional y, en tanto que tales, se imponen a todos los deudores y acreedores, sin que sea necesario probar su consentimiento a ser vinculados y a la ilegalidad de la deuda.

La Comisión de Derecho Internacional de la ONU define de este modo la fuerza mayor: «La imposibilidad de actuar legalmente [...] es la situación en la cual un suceso imprevisto y externo a la voluntad de aquel que la invoca lo pone en la incapacidad absoluta de respetar su obligación internacional en virtud del principio según el cual ante la imposibilidad nadie está obligado.» |13|

El Comité preparatorio de la Conferencia sobre la codificación (La Haya, 1930) admitió la aplicabilidad del argumento de la fuerza mayor a la deuda, pues «la responsabilidad del Estado se encuentra comprometida si, por una disposición legislativa [...] suspende o modifica el servicio total o parcial [de la deuda], a menos que se vea obligado por necesidades financieras.» |14|

La jurisprudencia internacional reconoce igualmente de manera explícita este argumento, que legitima la suspensión del pago de la deuda con respecto a acreedores públicos (Estados, FMI, Banco Mundial...) y privados. Entre otros casos, podemos citar la sentencia arbitral del 11 de noviembre de 1912 pronunciada por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en «El caso de las indemnizaciones rusas». |15| Entre 1989 y 1912, Turquía atravesaba una grave crisis financiera que la hacía incapaz de pagar sus reembolsos a la Rusia zarista. La Corte permanente de arbitraje reconoció los fundamentos del argumento de fuerza mayor presentados por gobierno turco. La Corte afirmó, en efecto, que la fuerza mayor es oponible tanto en derecho internacional público como en derecho privado, precisando que «el derecho internacional debe adaptarse a las necesidades políticas». Efectivamente, la fuerza mayor se sitúa allí donde los intereses fundamentales del Estado están en juego, y el respeto de los derechos humanos de su población implica unas decisiones políticas enérgicas, tales como la moratoria de la deuda con suspensión de intereses.

Aunque en principio la fuerza mayor tenga carácter transitorio, si la causa que la provocó se prolonga en el tiempo, la ejecución de la obligación financiera se hace definitivamente imposible. Por consiguiente, la suspensión podría traducirse a continuación en una anulación pura y simple de la deuda. Cabe mencionar el decreto del gobierno soviético del 28 de enero de 1918, por el cual la República Socialista decidía que «todos los préstamos extranjeros se anulaban incondicionalmente y sin ninguna excepción». Para tomar este célebre acto unilateral, el gobierno ruso lo fundamentó especialmente en la fuerza mayor.

f) El estado de necesidad

El estado de necesidad corresponde a una situación de «peligro para la existencia del Estado, para su supervivencia política o económica». |16| Para la Comisión de derecho internacional de la ONU, este argumento puede ser invocado cuando «este acto haya sido el único medio de salvaguardar el interés esencial del Estado enfrentado a un peligro grave e inminente». |17|

La supervivencia económica se refiere directamente a los recursos de los que un Estado puede disponer para continuar la satisfacción de las necesidades de la población, en materia de sanidad, de educación, de seguridad pública (como el mantenimiento del buen funcionamiento de los servicios de lucha contra los incendios y de protección civil), lo que nos conduce a la parte del presupuesto del Estado destinado al servicio de la deuda, frente a la parte dedicado a las necesidades de la población. En consecuencia, la suspensión inmediata del pago de la deuda (con congelación de intereses), así como el rechazo de las condicionalidades se imponen, en muy numerosos casos, como «el único medio de salvaguardar el interés esencial del Estado». En efecto, en derecho internacional, uno de los elementos fundamentales del Estado es su población. |18| El Estado tiene obligaciones con sus connacionales y extranjeros que se encuentran bajo su jurisdicción. La primera de estas obligaciones es el respeto de sus derechos humanos fundamentales.

A diferencia de la fuerza mayor, el estado de necesidad no pone al Estado en una situación material de impedimento absoluto de cumplir sus compromisos internacionales. Pero el hecho de ejecutarlos puede implicar sacrificios a la población que van más allá de lo que sería razonable. En efecto, con señala la Comisión de derecho internacional: «No se puede esperar de un Estado que cierre sus escuelas y sus universidades y sus tribunales, que abandone los servicios públicos de tal modo que deje a su comunidad librada al caos y al desgobierno simplemente para poder así desembolsar a sus acreedores extranjeros o nacionales. Hay límites a lo que se puede esperar razonablemente de un Estado, de la misma manera que de un individuo...» |19|

Así como la fuerza mayor, el estado de necesidad puede fundamentar la suspensión y el repudio/anulación |20| (si el estado de necesidad se prolonga) de las deudas contraídas con otros Estados, con organismos internacionales y entidades privadas. |21| En el caso de los «bosques del Ródope central», |22| Bulgaria debía pagar a Grecia reparaciones. Ante el Consejo de la Sociedad de Naciones, Bulgaria evocó el estado de necesidad, fundado en las graves consecuencias financieras que el pago de la deuda ocasionaría al Estado y a la economía del país. En particular, los dos gobiernos reconocieron que el estado de necesidad podía servir de base jurídica para repudiar una deuda pública. Así, cuando se habla de estado de necesidad en el marco del pago de una deuda, es evidente que lo que está amenazado es la propia función pública del Estado.

g) El cambio fundamental de circunstancias

Esta norma jurídica, que se materializa en la cláusula rebus sic stantibus (las cosas deben mantenerse en el estado – el mismo estado que en el momento de la firma del contrato), tiene la consecuencia de desligar a las partes de toda obligación contenida en el contrato en el caso de un cambio profundo de las circunstancias. Fundamenta así el derecho de un Estado de poner término a la aplicación de un tratado internacional o de un contrato de manera transitoria o definitiva.

Aplicada a la deuda, la cláusula rebus sic stantibus fundamenta el derecho de un Estado de suspender o de repudiar unilateralmente las deudas afectadas por un cambio fundamental de las circunstancias, si se cumplen dos condiciones:

1. El cambio de las circunstancias debe presentar un carácter de cierta importancia. En su sentencia Competencia en materia de pesca, |23| el Tribunal Internacional de Justicia precisa que el carácter fundamental del cambio de circunstancias se debe apreciar como causante de una transformación radical del alcance de las obligaciones, 
haciendo que la carga que debe soportar una de las partes sea «más pesada». |24|

2. Este cambio debe relacionarse con circunstancias que hayan constituido, según la expresión formulada en el artículo 62 de la Convención de Viena de 1969, «una base esencial del consentimiento de las partes de ser vinculadas por el tratado».

Tratándose de la deuda de los países en desarrollo, no cabe ninguna duda de que la decisión de Estados Unidos de aumentar unilateralmente, en 1979, los tipos de interés constituye un cambio fundamental de las circunstancias. En primer lugar, este cambio fue importante pues los países del Sur tuvieron que desembolsar en unas semanas intereses tres veces mayores que hasta entonces. Lo que contribuyó a hundirlos, unos años más tarde, en una crisis sin precedente, causando la degradación de las condiciones de vida de millones de seres humanos y el refuerzo de la sumisión de estos Estados al diktat de las instituciones financieras internacionales. En segundo lugar, este cambio afectó una base esencial del consentimiento de las partes a concertar préstamos. En efecto, el recurso alendeudamiento había sido fuertemente alentado por los bajos tipos de interés de la época (los tipos de interés reales eran incluso negativos a mediado de los años 70, ya que eran menores que la inflación) y por la imposición de un modelo de «desarrollo» que preconizaba la absoluta necesidad de capitales exteriores, directamente inspirado en la famosa teoría de Rostow sobre el despegue económico, que jamás fue confirmada por los hechos, |25| pero de la cual el Banco Mundial sigue siendo el apóstol. 
En consecuencia, todos los gobiernos del Sur afectados por la crisis de la deuda del Tercer mundo tienen como mínimo fundamentos para suspender el pago de los intereses que se acumularon tras el estallido de la crisis. Igualmente podrían, basándose en el argumento jurídico del cambio fundamental de las circunstancias, repudiar estos intereses e incluso reclamar la restitución de las sumas indebidamente percibidas por los acreedores, dado que su enriquecimiento no tiene un fundamento legal. Se trata, en efecto, de un enriquecimiento sin causa.

Muchos otros, entre ellos Joseph Stiglitz, premio de Economía del Banco Central de Suecia en memoria de Alfred Nobel (2001) |26| y ex economista jefe del Banco Mundial (de 1997 a 2000), confirman que la decisión unilateral de la Reserva Federal estadounidense provocó un «cambio fundamental de circunstancias».

Henry Kissinger, ex secretario de Estado del gobierno estadounidense, precisó las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la deuda: « El problema, evidentemente, es de solvencia: algunos países deben más de lo pueden llegar a devolver. Los programas de ajustes temporarios de 1982 se han convertido en la austeridad aparentemente permanente de 1988. Desde fines de 1982 América Latina ha pagado alrededor de 235.000 millones de dólares en intereses, pero su endeudamiento se ha incrementado en 50.000 millones de dólares. América Latina, una región subdesarrollada, se ha convertido en un exportador neto de capital, lo cual constituye una situación insostenible e injusta [...] Ningún gobierno democrático puede soportar la prolongada austeridad y los recortes de los servicios sociales exigidos por las instituciones internacionales. » |27|

A la luz de la reciente actualidad, Grecia, Irlanda, Portugal (la lista probablemente se alargará) se encuentran en una situación similar: Tras el estallido de la crisis de las subprimes en Estados Unidos en el año 2007, cuya onda de choque provocó en Europa crisis bancarias y una dura recesión, estos países se han visto enfrentados a un aumento de los tipos de interés exigido por los inversores institucionales (los zinzins) que dominan los mercados financieros. Los tipos aplicados a dichos países en los años 2000-2010 se duplicaron con respecto a los años 2008-2009, mientras que en el mismo período los tipos directores de los Bancos Centrales descendían. En el año 2010 Irlanda debía remunerar a los tenedores de su deuda soberana (títulos a 10 años) a un tipo elevado, del 9,3 % (frente al 2,7 % para Alemania), una carga excesiva que la obligó a tomar nueva deuda a corto plazo y aplicar una dura política de austeridad. El país se encuentra ahora al borde del abismo, con un crecimiento cercano a cero y una tasa de paro que llega el 13 %. En cuanto a Grecia, el país debía ofrecer un interés del 11,9 % por un préstamo a 10 años, lo que lo obligó a tomar deuda a corto plazo, como Irlanda, y atentar gravemente contra los DESC de su población. Si los zinzins exigen intereses mayores es porque anticipan cesamientos de pago, anulación de la deuda o ambas cosas. Una suspensión del pago de la deuda (con congelamiento de intereses) decidida unilateralmente por estos países es parte del riesgo asumido conscientemente por los acreedores. Es plenamente parte de las reglas del juego y estaría justificada. A los países que decidan seguir esta vía les interesaría utilizar el argumento jurídico del cambio fundamental de las circunstancias, debido a este aumento desmesurado de los tipos de interés impuesto por los mercados financieros, que, circunstancia agravante, reciben préstamos del Banco Central Europeo a un interés de sólo el 1 %, o del 3 % de los ahorristas.

Finalmente, teniendo en cuenta el peso de la deuda y la degradación de las condiciones de vida de la población bajo el efecto de las medidas de austeridad, los poderes públicos, tanto del Norte como del Sur, disponen de numerosos argumentos jurídicos para suspender de inmediato el reembolso de sus deudas (con congelamiento de intereses) y rechazar la aplicación de los aspectos de los planes de austeridad que atentan contra los derechos económicos, sociales y culturales.

Paralelamente a esta suspensión de pago, los Estados deben realizar, sin tardanza, auditorías de sus deudas, con participación ciudadana, a fin de determinar todas las partes ilegítimas de la deuda, siguiendo el ejemplo del reciente procedimiento de Ecuador.


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